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Celic Mendoza
Morelia, Michoacán. – A 9 días de instalado el plantón frente a Palacio de Gobierno, integrantes de Poder de Base instalaron mesas de trabajo con autoridades de gobierno y del sector educativo.
Previo a ello, abrieron departamentos de oficinas centrales que sus contrarios habían sellado.
De acuerdo con el dirigente, Benjamín Hernández Gutiérrez con esta mesa de trabajo se busca respuesta a demandas que llevan meses sin resolver y con ello poder levantar el plantón del Centro Histórico.
Algunas de las demandas que enumeran los magisteriales son: Contratación y basificación de las generaciones de egresados del 2019, 2020 y 2021 de todas las normales oficiales del estado.
Pago inmediato y completo a los trabajadores que laboran en las Escuelas Integrales de Educación Básica (EIEB), Centros para el Desarrollo de la Creatividad, la Cultura, el Arte y el Deporte (CDCCAD), Alfabetizador Popular (ALFA) y Trabajadores Eventuales a los que se les adeuda ya más de dos años de salario devengado.
Servicio médico inmediato para los trabajadores estatales jubilados y pensionados que «hoy permanecen en la indefensión médica debido a una política de exclusión retomada por el actual gobierno estatal».
Devolución íntegra de los montos reflejados inicialmente en la plataforma del SAT. Regularización del personal que participó en procesos escalafornarios y fueron acreedores a algún beneficio, respetando así el derecho laboral: directores, supervisores, jefes de sector y de enseñanza.
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Así como la cancelación de todas las carpetas de investigación y procesos judiciales que «el gobierno del estado ha fabricado en colaboración con el charrismo sindical para perseguir, criminalizar y castigar la lucha de algunos compañeros de la estructura y la base».
Saneamiento de las finanzas de Pensiones Civiles del Estado y reconocimiento del representante del magisterio michoacano ante la H. Junta Directiva de esta dependencia y un alto a la tarjetización forzada y la retención salarial que señalan como ilegal.
«Concreción del derecho a movilidad, negado y obstaculizado por la SEE-SEP».
Además, de la entrega anual y gratuita de útiles escolares, calzado y uniformes que, acusan, el gobierno arrebató a las familias.