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Celic Mendoza
Michoacán. – Los diputados Juan Carlos Barragán, Julieta García y Eréndira Isauro, presentaron denuncias administrativas y penal en contra de quien resulte responsable por diversas irregularidades en la adquisición de un software para el Congreso del Estado.
Y es que, según un contrato divulgado, legisladores priistas en el Congreso de Michoacán autorizaron un gasto de 5 millones de pesos 590 mil pesos en un sistema de cómputo sin utilizar.
Las denuncias fueron presentadas por faltas administrativas graves de servidores públicos por cohecho, peculado, abuso de funciones y tráfico de influencias; una en la Fiscalía del Estado, por los delitos de coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades, y dos más en la Auditoria Superior de Michoacán y en la Contraloría Interna del Congreso del Estado.
Según el contrato, que se firmó el 30 de diciembre de 2021, el software se ofreció para el manejo del sistema de nómina y contabilidad de recursos del Poder Legislativo.
La Junta de Coordinación Política analizó la polémica compra del software y de otros servicios; reunidos a petición de la actual secretaria de Finanzas, Rocío Pineda Gochi, llevándoles una solicitud de prórroga por 3 meses hecha por el proveedor, quien a su vez manifiesta que sus trabajos han sido “limitados” por la contadora Rocío Fernández Solórzano, la principal operadora de Pineda Gochi, pues debió de haberlo entregado en abril de 2022.
La adquisición del software se realizó en el último trimestre del 2021, correspondiente a la presente legislatura, sin embargo, este mismo sistema se adquirió en 2017 y tiene vigencia hasta el año 2022, razón por la que se está solicitando sea investigado.
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Se especificó, que con poder notarial otorgado por la diputada Adriana Hernández Íñiguez, María Isabel Ceja Linares suscribió el contrato que por escrito le instruyó el entonces titular de la Secretaria de Administración y Finanzas en base a las atribuciones que a este le confieren disposiciones jurídicas vigentes.
El proceso de adjudicación fue realizado por el entonces Secretario de Administración y Finanzas del PRI.
Conforme al Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), el resultado de la evaluación hecha en el año 2021 arrojó que el Poder Legislativo de Michoacán sólo había cumplido con el 27 por ciento del proceso de armonización contable al que lo obliga la Ley General de Contabilidad Gubernamental desde el año 2008.
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